[12 nov, 9h] Juicio contra la multa a una activista de Stop Desahucios. Concentración en La Caleta en apoyo!!

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NO A LA LEY MORDAZA, SÍ A LA SOLIDARIDAD!!

Juicio contra una detención injusta durante el desahucio de una familia en Granada

Concentración en los juzgados de la Caleta en apoyo a Marisol, lunes 12 nov a las 9h

El próximo lunes 12 de noviembre, a las 9:30h, tendrá lugar el contencioso administrativo que una integrante del colectivo Stop Desahucios Granada interpuso contra la administración por los hechos del pasado 8 de agosto de 2016.

 

Marisol, compañera de Stop Desahucios Granada, fue detenida el 8 de agosto de 2016 durante una acción de protesta contra el desahucio de una pareja y de su hija menor de una vivienda social de la zona norte de la ciudad. El motivo que alegó el cuerpo de policía fue que la detenida estaba fotografiando a los agentes que intervenían en el desahucio, por lo que, además de llevarla a las dependencias policiales, le quitaron el teléfono móvil con el que estaba realizando las instantáneas. Sin embargo, esta acción no está tipificada como sancionable (sólo lo está su difusión pública), y tampoco constituye un motivo para la detención y traslado a comisaría. Tanto es así que la policía ofreció otros motivos a posteriori para ajustar a derecho su detención y posterior sanción: en la denuncia recibida, no se mencionaron ya las fotografías, sino un intento de “perturbar y obstaculizar la labor policial” que los agentes no mencionaron en ningún momento el día de la detención y que, de hecho, no existió, ya que el desahucio se produjo efectivamente y sin ofrecer resistencia. Además de lo relatado, la afectada denunció un trato vejatorio por parte de los agentes, que le intimidaron y se mofaron de ella con agravante de género (“hasta 20 hombres armados me rodeaban en un momento de indefensión”), además de que estuvo detenida casi 12 horas.

 

Stop Desahucios y Stop Represión Granada denunciaron públicamente en su momento los abusos de autoridad contra Marisol, la detención por motivos injustificados y la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga el derecho a la defensa, al duplicarse la cuantía de la sanción al ser recurrida (al igual que con algunas multas de tráfico). Creada a medida para acallar las protestas ciudadanas ante el desmantelamiento de los servicios sociales públicos, da la vuelta a los principios jurídicos y obliga a las personas acusadas a mostrar su inocencia, siendo culpables mientras no se demuestre lo contrario. Esta ley atenta contra derechos fundamentales de cualquier democracia, como los derechos a la libertad de expresión o de manifestación.

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