Stop Represión apoya la Campaña “CIEs No Granada”. ¡Cierre de CIEs YA!

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Las organizaciones y personas que se adhieren a la Campaña CIEs-No-Granada consideran a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) unas instalaciones ilegales, por cuanto en ellas se priva de libertad a personas que no han cometido delito alguno, contrarias a la Carta Internacional de Derechos Humanos y totalmente inadecuadas como mecanismos de regulación de los flujos migratorios.

Por todo ello, solicitan a las administraciones del Estado, Autonómicas y Municipales:

  1. La clausura de todos los CIEs del Estado español en el mínimo plazo de tiempo posible.

  1. La cancelación de cualquier proyecto de construcción y apertura de nuevos CIEs en el territorio del Estado o de adaptación de otros edificios ya construidos -como cárceles o instalaciones militares- para ser utilizados como CIEs. De forma muy especial, se solicita la retirada de cualquier tipo de iniciativa destinada a abrir un CIE en algún lugar de la provincia de Granada.

  1. La instauración de medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de todas las personas extranjeras internadas en los CIEs mientras estos centros se mantengan en funcionamiento.

    • Estos derechos están recogidos en los artículos 16 y 17 del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros aprobado por el RD 162/2014.

    • Se exige además garantía de respeto estricto, en el interior de los CIEs, de todos los derechos establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la ONU.

  1. La facilitación del libre acceso a los CIEs de las organizaciones no-gubernamentales y asociaciones nacionales o internacionales que trabajan en favor de los derechos de las personas extranjeras.

    • Con ello se visibilizará el compromiso de la Administración española con la transparencia, la legalidad y la garantía de protección jurídica de derechos de las personas internadas en el centro.

    • Hay que señalar que el contacto con estas organizaciones es un derecho de los internos, recogido en el articulo 16, letra l, del Reglamento de funcionamiento de los CIEs (RD 162/2014).

  1. El diseño de un mecanismo alternativo de control administrativo de los procesos de expulsión que:

    • evite por completo la privación de libertad de las personas extranjeras que no hayan cometido delitos,

    • garantice en todo momento su protección y sus derechos,

    • facilite la búsqueda activa de otras soluciones que promuevan la inclusión y la integración y,

    • reduzca los casos de expulsión a aquellos que sean totalmente excepcionales e inevitables.

¿Qué son los CIEs?

  • Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Comenzaron a crearse en 1985. Actualmente existen 7 CIEs: Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia.

  • Estos centros están en teoría destinados a la custodia preventiva y cautelar de personas extranjeras durante el proceso de expulsión, devolución o regreso a su país por las causas establecidas por la legislación de extranjería española. Por tanto, las personas extranjeras internadas en ellos están privadas de libertad de movimientos y deben permanecer recluidas en el Centro mientras dura dicho proceso.

  • Nadie puede ser internado en un CIE sin que medie resolución dictada por la autoridad judicial competente que expresamente así lo autorice u ordene. El tiempo máximo de internamiento es de 60 días.

  • El Real Decreto que establece el Reglamento de funcionamiento de los CIEs (RD 162/2014), recoge que su gestión debe estar regida por los principios de proporcionalidad en los medios utilizados y objetivos perseguidos, intervención menos restrictiva y atención especializada a personas vulnerables. Entre estas últimas se señalan los y las menores y personas discapacitadas, personas ancianas, mujeres embarazadas, padres o madres solos con hijos o hijas menores y personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.

¿Por qué la Campaña CIEs-No-Granada rechaza estas instalaciones?

  • Los CIEs, desde su creación, han recibido todo tipo de críticas éticas y jurídicas, tanto por su propia existencia como por su modelo de funcionamiento. Ya el mismo hecho de privar de libertad a las personas por una falta administrativa es una actuación de dudosa legalidad que podría vulnerar la propia Constitución española. Ésta, en su artículo 25.3, prohíbe a la Administración civil la imposición de sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Y en los CIEs se está privando de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito penal. Lo mismo puede decirse de la obligatoriedad de someterse a un reconocimiento médico a la entrada del centro, que viola el derecho fundamental al consentimiento libre e informado para las intervenciones sanitarias.
  • Además, la gestión de los CIEs resulta sospechosamente opaca. El acceso de autoridades, periodistas o integrantes de asociaciones que trabajan por los derechos de las personas extranjeras está plagado de trabas burocráticas. Pero aún así, los testimonios de las personas que están o han estado internados en estos centros, o los graves y dramáticos sucesos que a veces han sucedido en su interior y que han sido imposibles de ocultar por las autoridades, revelan datos suficientes como para considerarlos una isla de impunidad en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Los CIEs resultan un coto vedado donde no se garantizan derechos como la salud física y psicológica, la educación, la identidad, el derecho a la vida personal y familiar, la comunicación, la intimidad, la seguridad, la integridad física, el acceso a la justicia o, incluso, la propia vida. En algunos CIEs se han constatado además gran deterioro de las instalaciones, falta de higiene y escasa habitabilidad, lo que supone una fuente adicional de sufrimiento para las personas internadas en ellos. La disposición arquitectónica y las medidas de “seguridad” aproximan los CIEs más a una simple y mediocre cárcel que a un centro de acogida de personas vulnerables. En resumen, la carta de derechos de los internos que recoge el artículo 16 del Reglamento de funcionamiento de los CIEs aprobado por el citado RD 162/2014 suele ser mero papel mojado.

  • La gravedad de lo que sucede en los CIEs, aumenta en el caso de las mujeres y los menores. Entre ellas hay embarazadas, víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional o madres que, al ser expulsadas, dejarán en España a sus hijas e hijos. Las mujeres y los menores en un CIE están en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres y adultos. Y sin embargo carecen de la protección especial que propugna el Real Decreto 162/2014. Ha habido denuncias de malos tratos, discriminaciones, abusos sexuales y abusos de poder.

  • Pero es que además, con el paso de los años, los CIEs se han ido revelando cada vez más innecesarios dentro del proceso normalizado de expulsión. Actualmente puede estimarse que sólo en torno a 1 de cada 4 personas extranjeras expulsadas de España, estaba internada en un CIE en el momento de su expulsión. Según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras correspondientes al año 2014, 11.817 personas fueron devueltas a sus países de origen y tan solo 3.483 fueron expulsadas desde un CIE. Igualmente, los decretos de internamiento de los jueces se han reducido drásticamente: si en 2012 hubo 11.600 decretos de internamiento, en la actualidad el número es de casi la mitad. Dos tercios de las personas que son ingresadas en un CIE son dejadas en libertad en el territorio español pasados los 60 días máximos de internamiento: en 2016, en los 7 CIEs, fueron “liberadas” 4.991 personas, mientras que solo 2.110 fueron expulsadas a sus países de origen.

  • Los datos anteriores cuestionan la necesidad práctica de la existencia de los CIEs y, más aún, vuelven muy sospechosa la intención declarada del Ministerio de Interior de abrir nuevos CIEs en los próximos años, uno de ellos en la provincia de Granada. Sólo dos argumentos pueden explicar esta iniciativa. Uno es el argumento represivo: la necesidad de mantener islas de opacidad e impunidad en el trato de las personas extranjeras. El otro es propagandístico: la necesidad de generar interesadamente alarma social y abonar el imaginario xenófobo y racista en la opinión pública ante la presunta “invasión” de personas extranjeras, frente a la cual hay que “estar preparados” para defendernos.

No deben confundirse los CIEs con los CETI. Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) son establecimientos de la Administración Pública, concebidos como dispositivos de primera acogida provisional y destinados a dar servicios y prestaciones sociales básicas al colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a Ceuta o Melilla. La regulación de estos centros se encuentra en los artículos 264 a 266 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Aunque la Campaña CIEs-No-Granada se centre en los CIEs, los CETI también han sido considerados una grave amenaza para los derechos humanos de las personas inmigrantes o refugiadas.

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