Detenciones en Euskal Herria a profesionales de la salud, ¿libertad del ejercicio profesional en el Estado Español?

COMUNICADO DEL ALUMNADO DEL DIPLOMADO “Salud Mental en Situaciones de Violencia y Catstrofes” del Grupo de Acción Comunitaria:

Alumnado del diplomado de “Salud Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes” del Grupo de Acción Comunitaria nos dirigimos a la opinión pública para mostrar nuestro rechazo a los arrestos llevados a cabo en la mañana de hoy en Euskal Herria en el marco de la llamada “Operación Pastor” de la Guardia Civil. En esta operación se han arrestado a las siguientes personas: Izaskun Abaigar (Asociación Etxerat), Fernando Arburua (Asociación Jaiki Hadi), Oihana Barrios (Asociación Jaiki Haidi), Nagore López (Asociación Etxerat).

Se trata de profesionales de la salud que ejercen prestando atención a presos y presas políticas y a sus familiares. Las dos últimas son psicólogas y docentes en el diplomado. Queremos poner los siguientes hechos sobre la mesa para preguntarnos sobre la libertad del ejercicio profesional en el Estado Español. En este caso, el que se practica desde el compromiso social con las personas en reclusión y con las víctimas de tortura y tratos o penas degradantes, inhumanos y crueles por parte de agentes estatales:
* Izaskun Abaigar: A principios de este mes formó parte de una delegación de Etxerat que se reunió con europarlamentarios en Bruselas con el fin de de reunir apoyos contra la dispersión.
* Nagore López: En febrero participó como portavoz de Etxerat en una reunión con el lehendakari Iñigo Urkullu en la que se habló de la necesidad de acabar con la dispersión de los presos y presas vascas, así como de que se reconozca el sufrimiento que esa política causa a sus allegados.
* Asociación Jaiki Hadi: Participó en el estudio “Incomunicación y tortura” que demuestra la existencia de 45 casos de tortura en Euskadi analizados por 30 profesionales de la salud en base el protocolo de la ONU para la investigación y detección de torturas (Protocolo de Estambul). Este estudio se presentó en noviembre de 2014.
Destacamos que este no es un hecho aislado: en enero, en el marco de la “Operación Mate”, se detuvieron doce abogados y abogadas que defienden los derechos de presos y presas integrados en el Colectivo de Presos/as Politicos/as Vascos/as (EPPK), acusándondoles de integración en banda armada y delitos contra la hacienda pública. De igual manera, el lunes la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) daba a conocer como, en las últimas semanas, la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Catalunya ha vetado que delegados de la Coordinadora puedan realizar comunicaciones ordinarias con personas presas.
Como profesionales y estudiantes del campo social, sanitario y legal, nos preguntamos: dónde están las garantías para el ejercicio de nuestra actividad. ¿Defender y proteger los derechos humanos es un crimen en el Estado Español?
En el momento en el que escribimos este comunicado, recibimos la información de que no se está permitiendo a las personas arrestadas el acceso a abogadas de confianza, vulnerando su derecho a la defensa, por lo que exigimos que cese la vulneración de derechos fundamentales y se apliquen todas las garantías a las personas detenidas.
Expresamos nuestra solidaridad y cariño a Izaskun, Fernando, Oihana Barrios y Nagore, a sus familiares y a sus organizaciones.

Alumnado 2014-2015 diplomado de “Salud Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes “

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