LA OLA REPRESIVA NO DETENDRÁ LA MAREA DE LUCHAS

¡LA OLA REPRESIVA NO DETENDRÁ

LA MAREA DE LAS LUCHAS!

Nos encontramos ante la crisis política, económica y social más grave de las últimas décadas; crisis que están utilizando como excusa para emprender un ataque sin precedentes contra nuestros derechos sociales y laborales, para privatizar hospitales, abaratar el despido, reducir la prestación por desempleo, los subsidios y pensiones, subir el coste de la educación… Nosotrxs estamos pagando las consecuencias de esta crisis mientras los verdaderos culpables no sólo quedan impunes, sino que remodelan el sistema para seguir haciendo negocio y explotándonos más y mejor.

Pero frente a esta ofensiva no nos hemos quedado de brazos cruzados, en todo el Estado nos hemos movilizado y hemos salido a la calle para defender nuestros derechos, con acampadas, manifestaciones, marchas, huelgas generales, ocupaciones de bancos, escraches…

Para intentar frenar esta oleada de indignación y continuar con su política destructiva, el Gobierno ha optado por la criminalización de los movimientos sociales y el aumento de la represión en todas sus facetas . Desde la “burorrepresión” en forma de multas por participar en protestas sociales y el aumento de las listas negras, hasta la represión policial de las manifestaciones, pasando por un sistema judicial y fiscal que nos lanza un mensaje claro: la protesta social tiene su castigo ejemplarizante. Hasta ahora, unos 300 trabajadores se enfrentan a cerca de un total de 120 años de petición de penas privativas de libertad por su participación en piquetes de huelga, mientras que en 2013 el gobierno destinó al gasto antidisturbios un 1780% con respecto al año anterior.

Dentro de esta deriva represiva, la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada «Ley Mordaza», cuya aprobación definitiva está prevista para finales de 2014), suponen un salto cualitativo. Estas nuevas normas implican un cambio de modelo: el paso a un derecho penal del Enemigo. Se pasa de castigar conductas concretas a señalar y perseguir tipos de personas que son juzgadas, a priori, como potencialmente peligrosas para la sociedad: un enemigo que hay que destruir preventivamente, para defender el orden social.

En concreto, lxs inmigrantes, las personas con menos recursos y las que participan en protestas sociales están en el punto de mira de estas normativas.

La Reforma del Código Penal, además, supondrá un endurecimiento de las penas: las faltas (penas menores que no implican privación de libertad) desaparecen, y muchas de ellas se transforman en delitos, se introduce la cadena perpetua encubierta como prisión permanente revisable, se restringen las medidas dirigidas a la reinserciónSe añaden conceptos subjetivos como el de «peligrosidad social», para tomar decisiones sobre el cumplimiento de las condenas: una persona presa con una enfermedad mental o una toxicomanía podría ver cómo su pena de unos meses se convierte en un internamiento indefinido en un psiquiátrico o un centro de rehabilitación, atendiendo a este criterio.

La ley Mordaza es complementaria de este nuevo Código Penal: recoge algunas de las conductas que eran faltas y las convierte en infracciones administrativas, además de tipificar otras muchas conductas como nuevas infracciones.

Una gran parte de los artículos de esta ley están dirigidos a restringir nuestra libertad de expresión y de manifestación. La ley está hecha expresamente para reprimir las luchas sociales, describiendo las diferentes formas de protesta que se han usado en los últimos años, como los encierros en bancos, el rodear el Congreso u otros edificios institucionales, el parar desahucios, el difundir por la web imágenes de policías, etc., y castigándolas con multas desorbitadas, de hasta 600.000 euros.

Al estar en el ámbito de las sanciones administrativas, queda en manos de la administración, que resulta juez y parte, y de la policía el imponer estos castigos, sin que medie el derecho a un juicio, un abogado, y el resto de garantías que en teoría sí que tiene un procedimiento penal. La ley Mordaza autoriza, además, algunas de las prácticas policiales que aunque ahora se den, son ilegales, como las listas negras de activistas (a través de un registro central de “infractores habituales”), o las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla (enmienda introducida por el grupo del PP).

Debemos impedir que se aprueben estas leyes autoritarias, que atacan nuestros derechos fundamentales y buscan arrebatarnos lo que nos hace más fuertes: la acción colectiva y la movilización. ¡Porque no vamos a dejar que nos amordacen!

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