Comunicado de la Coordinadora Contra la Represión en Granada

NO A LA REPRESIÓN Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

La crisis en el Estado español ha llegado a una alarmante situación de empobrecimiento de gran parte de la población. Mientras que quienes provocan la crisis siguen sin ser perseguidos por la policía ni por la justicia, las personas que salen a la calle para protestar y proponer alternativas que nos permitan salir de la crisis de una forma más justa, son perseguidas, agredidas y sancionadas.

Desde hace ya más de un año, cientos de personas en Granada -y miles en todo el Estado español- están siendo multadas por la Subdelegación del Gobierno tan sólo por acudir a las concentraciones y manifestaciones ciudadanas, corear consignas, repartir información, colocar carteles o solidarizarse con las personas desahuciadas. Muchas de estas multas se realizan por identificación visual, sin que a la persona sancionada se le haya solicitado ningún tipo de documentación para identificarla, lo que evidencia la existencia de listas negras de activistas sociales (tanto ciudadanos de a pie, como participantes en ong´s, asociaciones, colectivos, sindicatos, etc.).

A todo esto hay que sumar detenciones irregulares, montajes, agresiones, ocultaciones de números de placa por parte de agentes policiales y un largo etcétera. La conjunción de estos hechos evidencia la puesta en marcha de una campaña de represión y amedrentamiento dirigida contra todas aquellas personas que, en un contexto tan duro como el de la crisis actual, salen a la calle a reivindicar derechos y justicia social. Para ello, han aumentado los gastos en material antidisturbios y equipamiento de la Policía Nacional, que aumentará un 1.780%, pasando de 173.670€ en 2012 a 3,26 millones de € en 2013, como recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, es evidente que quieren acabar con las protestas sociales.

Dentro de esta estrategia se enmarcan medidas legislativas como la reforma del Código Penal o el aumento de las tasas judiciales, que restringe el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y que entre otras cosas, persigue dificultar la interposición de recursos por parte de la ciudadanía, ante las multas recibidas, las agresiones policiales, etc.

A pesar de todo ello, no vamos a dejarnos atemorizar y no vamos a permitir que esta situación continúe, porque entre todas y todos podemos conseguirlo, para lo que seguimos gritando.

¡NO A LA REPRESIÓN! ¡NO A LAS LISTAS NEGRAS!

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

Exigimos:

  1. Archivo de todos los expedientes sancionadores (multas) en el marco de protestas sociales.
  2. Eliminación de listas negras (archivos ilegales de la policía).
  3. Dimisión del Subdelegado de Gobierno en Granada, Santiago Pérez López.
  4. Derogación de las nuevas tasas judiciales.
  5. Colocación de cámaras en todas las dependencias judiciales para denunciar las torturas.
  6. Que el número de identificación de la policía sea visible, especialmente de la UIP.
  7. Controles toxicológicos aleatorios y periódicos para la UIP.
  8. Prohibición del uso de pelotas de goma.

COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN EN GRANADA.

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